A 39 años de la promulgación de esta ley, El Salvador no cuenta con una legislación que reconozca la alimentación y el agua como derechos humanos. Ante esta problemática, las 16 organizaciones integrantes de la MSA entre las que se encuentra Fundación REDES, demandaron la falta de voluntad política por parte del ejecutivo para discutir el tema con la seriedad y urgencia que requiere.
“Esperamos que la Asamblea Legislativa se ponga la mano en la conciencia y pueda aprobar una ley que favorezca al pueblo salvadoreño, aprobar la ley de soberanía alimentaria, aprobar una ley de agua en la cual la mayoría de mujeres jefas de hogar se ven afectadas ante la escases. Estas peticiones las han venido dilatando en este proceso por mucho tiempo, llevamos desde el 2012 con esta propuesta de ley estamos en espera, salen y entran políticos y seguimos esperando” expresó Doris Evangelista integrante de la MSA.
Por otra parte, la Mesa por la Soberanía Alimentaria en su pronunciamiento recalcó que sin una ley de Soberanía Alimentaria los monocultivos como la caña de azúcar, el aguacate, pasto para ganado y la teca (árbol maderable) entre otros, son los principales contaminadores del agua y de la tierra con sus agroquímicos y prácticas agrícolas que destruyen la biodiversidad que les rodea, buscando la producción masiva de su cultivo dejando sin la obtención de alimentos de los agricultores pequeños.
Así lo afirma Silverio Morales agricultor de Nahuizalco “La agricultura es esencial, nadie vive sin comer todos comemos, por lo tanto nosotros los agricultores somos los que producimos para que todos tengamos la comida sana y saludable por eso es que es necesario una aprobación de ley, en El Salvador” agregó.
Morales expresó también que la aprobación de esta ley sería de mucho beneficio para población salvadoreña ya que al tener esta legislatura la ciudadanía se vería beneficiada con la producción de sus cultivos y expresó que el principal recurso que necesitan es la tierra para poder así echar mano de sus cultivos primordiales como el frijol y maíz que son la base de la alimentación en nuestro país.
Las demandas que se hicieron públicas durante la conferencia de prensa fueron expresamente dirigidas a diversos sectores tomadores de decisión:
Al gobierno saliente: una aprobación a las políticas de “Impulso a la agroecología” y la “Política de mujeres rurales”.
Al Sistema Judicial: fortalecer a los tribunales ambientales en casos emblemáticos relacionados con la tala del Cerro el Águila y el sitio ancestral de Tacuscalco.
A la Asamblea Legislativa: aprobar la Ley General del Agua, aprobar la reforma constitucional que garantizaría el Derecho Humano al Agua y a la Alimentación; aprobar una Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional con los aportes de las organizaciones sociales.
Y al gobierno entrante: recapacitar sobre el planteamiento de reducir los trámites para permisos ambientales.
Cabe destacar que este colectivo de organizaciones afirmó que se mantendrá en constante exigencia de la aprobación y cumplimiento de las garantías de la población salvadoreña.