En El Salvador, la situación de las mujeres rurales no es nada alentador. Su aporte a la agricultura se mantiene invisibilizado y es poco valorado. Sólo se considera al 32% de las mujeres rurales como Población Económicamente Activa (PEA), y el restante 68% se les considere como Población Económicamente Inactiva (PEI), en otras palabras, se les considera como personas que no generan ingresos económicos, ni se reconoce así su aporte a la economía que generan a través del trabajo doméstico y del cuidado.
Ante esta realidad, Fundación REDES en coordinación con lideresas de las comunidades de San José Villanueva (La Libertad), San Bartolomé Perulapía (Cuscatlán), San Sebastián y San Lorenzo (San Vicente), realizaron un análisis del contexto actual de las mujeres rurales en el país.
Este documento nace con el objetivo de exponer las principales dificultades a las que se enfrentan las mujeres en los territorios, que van desde la violencia de género, económica, obstétrica, medio ambiental y la desigualdad.
“La mujer campesina no se sienta a descansar, siempre está trabajando, aun sentada, haciendo la cuajada o algún remiendo. Trabajamos no solo con las manos, sino con la mente, estamos pensando que vamos a necesitar en el huerto. En el día, la función de la mujer es de diferente forma “la hace de médica, con el esposo, de enfermera para dar los primeros auxilios, la hace de consoladora, atender a alguien que tiene algún problema” expresa María Alejandra García, lideresa de San Sebastián.
Asimismo, las mujeres rurales también presentan dificultades para acceder a los recursos productivos, como por ejemplo a la tierra, créditos, etc. Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, del total de personas propietarias de tierra agrícolas, solamente el 14% son mujeres, frente a un 86% que están bajo propiedad de hombre, y sólo el 10% de las mujeres rurales tiene acceso a créditos agrícolas.
“Por ello, muchas mujeres rurales se ven obligadas al alquiler de tierras para poder realizar su producción agrícola de subsistencia. Estas desigualdades en el acceso y control de los recursos económicos y productivos significan para las mujeres rurales mayores niveles de pobreza” explica Evelyn Martínez, investigadora de REDES.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en nuestro país, el 43.9% de la población femenina rural de 15 o más años de edad no tenía ingresos propios, mientras que la población masculina en esa misma condición era de 18.7%. “La falta de autonomía económica para las mujeres rurales también repercute en sus precarias condiciones de educación y salud” agregó Martínez.
Al realizar este análisis, las mujeres rurales del territorio junto a REDES manifestaron una serie de demandas hacia diversos sectores de la sociedad, especialmente al Estado, los gobiernos municipales y las organizaciones locales.
Las exigencias están encaminadas al reconocimiento del trabajo reproductivo y del trabajo agrícola que realizan las mujeres rurales, garantizar el acceso a medios productivos, como agua, incorporación en las políticas sociales del enfoque de género, mayores espacios de participación y decisión política.
Además se hizo un llamado a la Asamblea Legislativa para exigir la Ratificación del Artículo 69 que reconoce como un Derecho Humano al Agua y a la Alimentación, y la aprobación y aplicación la Ley de soberanía Alimentaria con enfoque de género, que permita programas orientados al acceso de los recursos productivos como la tierra por parte de las mujeres.