En el marco del inicio del período agrícola en El Salvador, la Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) junto a campesinos y campesinas, realizaron un análisis del contexto actual de la Agricultura del país al inicio de la época lluviosa.
El análisis evidenció el panorama desfavorable que enfrentan las y los pequeños agricultores debido a la agudización de los efectos adversos al cambio climático, como las intensas sequías y lluvias prolongadas afectando directamente a las y los agricultores, sus medios de producción, y como consecuencia a la producción nacional de alimentos.
Según cifras oficiales, en el último año la producción de maíz se redujo en 1.2 millones de quintales por los efectos de la sequía que ha sufrido el país, poniendo en peligro la seguridad alimentaria en el territorio.
Carlos Cotto, director de REDES añadió que la Agricultura Familiar y Campesina contribuye en más del 70% en la producción de alimentos, pero es la población que más enfrenta la inseguridad alimentaria en el país.
“Es una paradoja que quienes cultivan nuestros alimentos, sean más vulnerables a las crisis alimentarias, presenten más dificultades a la hora de acceder a la tierra, al agua, las semillas y todos los recursos necesarios para la producción de alimentos en el país” explicó Cotto.
De acuerdo a la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC), durante el año 2015, reveló que el costo de la canasta básica incrementó en un 7.1% en la zona urbana y 9.6% en el área rural.
Sumado a esta situación, a través del análisis realizado por REDES y las comunidades, se denunció la alta contaminación presente en la tierra por el uso de agrotóxicos, lo cual impide la cosecha de alimentos sanos. Asimismo existe acaparamiento de tierras por parte del sector cañero, poniendo en desventaja a las y los campesinos para acceder y cultivar la tierra.
Ante esta situación, “exigimos a la Asamblea Legislativa la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) que mantenga los puntos claves según el anteproyecto de ley “Base” entregado en el 2013, ya que obligará a la creación de políticas públicas que beneficien especialmente a las y los pequeños agricultores campesinos” añadió Cotto.
Además, la investigadora de REDES, Evelyn Martínez expuso la necesidad de fomentar la educación sobre prácticas de Agroecología y Soberanía Alimentaria, porque es necesario un cambio cultural para lograr avanzar hacia una forma más sustentable de agricultura.
También “es importante prohibir las quemas de terrenos y fomentar prácticas sustentables en la preparación de la tierra previo a los cultivos, así como controlar y prohibir la tala indiscriminada en el país” agregó Martínez.
A través del análisis se evidenció que desde la experiencia de las y los agricultores, la semilla criolla trae mejores beneficios para la salud de las personas y el medio ambiente, es más resistente a los impactos del cambio climático, promueve la soberanía y seguridad alimentaria de los pueblos, y son una garantía de la preservación de la vida y la cultura de las comunidades.
De igual forma, Isaías Pérez de REDES, expuso la urgencia de estimular la Asociatividad, incentivar la organización en las comunidades, y asegurar un acceso más amplio a los programas gubernamentales.
“Otro factor importante que evidenció el análisis fue la situación de violencia en nuestro país afecta directamente a los pequeños productores y productoras, limitando las zonas donde puedan cultivar debido a la territorialización de grupos ilícitos” añadió Pérez.
A nivel nacional, el costo estimado de la violencia es de 3.6 millones para el área agropecuaria, según el último informe presentado por la Red de Investigadores del Banco Central de Reserva (REDIBACEN).
Al mismo tiempo el equipo de REDES hizo un llamado a los gobiernos locales para realizar acciones para la promoción de mercados con productos locales en el territorio, fomentando el intercambio de alimentos entre productores y consumidores.
El análisis fue realizado por el equipo de REDES y liderazgos de la Asociación Agropecuaria de San Bartolome Perulapia (AGASAP), Asociación Solidaria de Comunidades Emprendedoras en Red (ASER), Comunidades Comunidades Cristianas Campesinas (CCC) y representantes del Agromercado de Suchitoto.