En el marco del día de la Acción Global “Justicia para Berta Cáceres” diferentes organizaciones sociales salvadoreñas se concentraron frente a la Embajada de Honduras como un acto simbólico para expresar el repudio y la indignación por el asesinato de Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Nacional Indígena de Honduras (COPINH) y por los asesinatos de cientos de líderes populares, defensores y defensoras de los derechos humanos en Honduras.
“Alcemos nuestras voces, alcemos un grito contra la impunidad y por la justicia, un grito por la vida, por nuestros bienes comunes, por nuestros bosques, nuestros ríos que nos pertenecen, por eso debemos salir a luchar y defenderlos”, exclamó Vidalina Morales, miembro de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, ante cientos de personas que acudieron a la concentración.
Además, las organizaciones salvadoreñas protestaron por el desalojo de las tierras ancestrales y modos de vida de comunidades indígenas, garífunas y campesinas en Honduras en beneficio de proyectos energéticos, mineros, de turismo y de supuesto desarrollo económica.
Para las organizaciones el Estado hondureño viola sistemáticamente convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, el cual establece el derecho internacionalmente validado a un territorio propio, a su cultura e idioma y obliga a los Estados a respetar la ejecución de estos derechos.
“El gobierno hondureño está vendiendo el país al mejor postor, están concesionando ríos, cediendo territorios para la explotación minera y tienen una gran responsabilidad en el crimen”, dijo Carlos Cotto, director de la Fundación REDES.
Además, Cotto denunció las concesiones y represiones en territorios como Bajo Aguan, que son víctimas del acoso de las fuerzas policiales y paramilitares, quienes con violencia y represión desean imponer los intereses de los sectores de poder económico, y recordó que el resto de Centroamérica no está exenta de estas amenazas.
Asimismo, se reclamó el desentendimiento del Estado de Honduras a las recomendaciones y fallos de instancias de justicia internacionales, como el realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) y por no permitir a un grupo de expertos independientes respaldados por CIHD, participar en la investigación del crimen de Berta Cáceres y de otros líderes campesinos en el Bajo Aguan.
La ecologista Berta Cáceres fue asesinada a tiros, el pasado 3 de marzo, por desconocidos que entraron a su vivienda en la comunidad de la Esperanza. La líder de la comunidad indígena lenca y defensora de los derechos humanos ganó el Premio Medioambiental Goldman, por su lucha contra el proyecto de construcción de una hidroeléctrica en zonas indígenas.
La CIDH había dictado medidas cautelares en favor de la activista, luego que ella denunciara en varias ocasiones haber recibido amenazas por parte de empresarios de dicho proyecto.
Para las organizaciones este fue una muestra más que las comunidades indígenas y campesinas están bajo un violento ataque por parte del Estado y corporaciones multinacionales que buscan apropiarse de sus bienes naturales, intelectuales y culturales.
“La ofensiva de las empresas transnacionales ha tenido un alto costo en Centroamérica, nuestro país por ejemplo ha sufrido el asesinato de seis defensoras y defensores de los derechos ambientales en el municipio de Cabañas, quienes lucharon contra la minería metálica y hasta hoy su crimen continua impune”, afirmó la activista, Margarita Posada.
En este sentido, las organizaciones entregaron una carta al embajador de Honduras, César Pinto, exigiendo justicia por asesinato de Berta Cáceres, donde a través de una investigación independiente se esclarezca el crimen, y pidieron un cese a la criminalización contra defensores y defensoras de los derechos humanos.
También, reclamaron respeto a los derechos indígenas, al derecho a la tierra y al territorio, a los derechos culturales, al derecho a la mujer a una vida libre de violencia, a la niñez y al derecho a un futuro con paz y dignidad.
Finalmente, demandan la suspensión definitiva del proyecto de represa Agua Zarca y el cese definitivo de los proyectos extractivitas ya que estos significan para las comunidades el desalojo de tierras de comunidades indígenas, garífunas y campesinas.
