Como lo dijo el equipo de Naciones Unidas, El Salvador tiene casi el 90% de su territorio en situación de vulnerabilidad. Situación mas que comprobada con las tormentas tropicales IDA, AGATHA y ALEX, que dejaron en pérdidas materiales un aproximado de $442 millones de dólares, y costos humanos de más de 200 vidas.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Ida dejó al país con pérdidas materiales de alrededor de $239 millones en daños en infraestructura y pérdidas en la economía y la vivienda; y un requerimiento de $343 millones para la recuperación de los estragos de las lluvias. Además 125,000 personas afectadas de forma directa e indirecta en cinco departamentos del país.
Las pérdidas económicas en El Salvador por el paso de la tormenta tropical Agatha ascienden a 112 millones 100 mil dólares, reveló un informe CEPAL. El documento fue presentado por el Secretario Técnico de la Presidencia, Alexander Segovia, quien afirmó que los daños a la infraestructura pública como puentes, carreteras, escuelas y centros de salud fueron de 44 millones 100 mil dólares.
Por su parte, las pérdidas en el sector agrícola, en medio ambiente y viviendas alcanzaron los $68 millones. El sector público fue el más afectado con 81 millones 100 mil dólares de pérdidas. Segovia expresó que para afrontar los gastos de la reconstrucción el gobierno reorientará recursos e impulsará un pacto fiscal que pueda elevar en el curso de cuatro años la recaudación de 13 a 17 por ciento.
La tormenta tropical Alex dejó daños en infraestructura, según el MOP, de más de 30 millones de dólares, ya que las lluvias afectaron a 349 viviendas, al igual que 31 centros escolares, 10 puentes dañados, y 27 carreteras obstruidas o dañadas. El informe indica que hubo 70 inundaciones, 98 deslizamientos, 53 árboles caídos, 10 postes del tendido eléctrico caídos, 15 hundimientos o cárcavas, 28 desbordamientos de ríos, y 71 anegamientos de suelos agrícolas.
Si se toman los datos de bases de información como la del Centro de Epidemiología de los Desastres (CRED) en la Universidad de Lovaina en Bélgica y las evaluaciones realizadas por CEPAL a lo largo de los años (desde 1972), el país tiene un monto acumulado de casi 6500 muertos, con un costo económico valorado solo parcialmente y que estaría en más de 16 mil millones de dólares, a valor presente.
Ante este panorama, los estudiosos de las Naciones Unidas y la CEPAL requieren del gobierno salvadoreño avanzar hacia la reducción del riesgo.
RECOMENDACIONES
1- El país requiere de adoptar una estrategia de reducción del riesgo explícita –ante la recurrencia de este tipo de fenómenos y la experiencia histórica, además del hecho de que este evento plantea una oportunidad importante para hacer cambios importantes en el patrón de desarrollo tanto espacial como de sectores económicos y sociales a los que prestar una mayor atención tanto por su potencial como por su vulnerabilidad.
2- En concreto se recomienda un marco estratégico de gestión de riesgos que combine elementos específicos encontrados en El Salvador y lecciones aprendidas de la experiencia internacional.
Los principios que fundamentan este marco son:
(i) que la pérdida humana y el impacto económico de desastres pueden ser reducidos a través de la planificación pre-desastre y de las inversiones en prevención, y
(ii) que el marco estratégico y el plan de acción son eficientes en términos de costo e implementación.
Los pilares del Marco de Gestión de Riesgo y su descripción implican un fortalecimiento de la institucionalidad nacional tanto en la respuesta (gestión del desastre) como en la mitigación / adaptación (gestión del riesgo) y un mejor aprovechamiento de las capacidades nacionales hoy subsumidas en la Dirección General de Protección Civil del Ministerio de Gobernación y en el SNET del MARN.
Ese mejor aprovechamiento implica además un fortalecimiento de las dispares capacidades locales (a nivel departamental y municipal) en ambos aspectos, generando una recomposición de los sistemas de monitoreo de las múltiples amenazas que tiene el país, un mejor aprovechamiento de los existentes y el vínculo de este monitoreo con planes específicos de respuesta a la alerta temprana. En el segundo aspecto, la capacidad de planificación y desarrollo a nivel comunitario ha de ser reforzada no tanto en recursos transferidos como en capacidades de los distintos actores del proceso (gobierno, comunidades, sociedad civil, sectores privados). Ello implica recursos específicos para ello, en un monto que se estima para el período 2009-2013 en cerca de 20 millones de dólares. Para cubrir las necesidades inmediatas en materia de gestión de riesgo se requerirían poco más de siete millones de dólares.
La MPGR se une a las recomendaciones de los organismos internacionales, pero sigue insistiendo en que el poder Ejecutivo decrete la política nacional de gestión de riesgos; y que la Asamblea Legislativa acompañe y decrete las reformas a la ley de Protección Civil y Prevención y Mitigación de Desastres; la ley de Ordenamiento Territorial, entre otras propuestas de ley que duermen en los cajones de los señores y señoras diputadas.
También demanda a la Fiscalía General de la República y Corte Suprema de Justicia a hacer prevalecer la ley en todos los aspectos ambientales, que ella lo establezca.
MESA PERMANENTE PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SALVADOR
San Salvador, 2 de julio del 2010.