Podría pensarse que nuestro país está avanzando en el logro de la equidad e igualdad de género, puesto que en los últimos años se han aprobado normativas en el marco de garantizar los derechos de las mujeres, por ejemplo en 2010 se aprobó la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y a inicios de 2011 se aprobó la Ley de Equidad e Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, y se ha implementado el programa presidencial Ciudad Mujer1. Pero en la realidad actual esto podría convertirse en un mecanismo ideológico (un velo) que impida ver u oculte la realidad desigual entre hombres y mujeres que continúa profundizándose.
Sostenemos que no hay un avance sustantivo en la emancipación de los derechos de las mujeres en nuestro país, puesto que la institucionalidad vigente, las políticas y programas implementados no atacan las causas y las raíces que fundamentan a la sociedad patriarcal, y únicamente se quedan en el ámbito del asistencialismo y la pompa mediática.
La semana pasada se realizó en nuestro país una consulta regional de los países de América Latina y El Caribe2, en la cual se reunieron mandatarias de toda la región para unificar criterios y presentar ante la ONU, en marzo próximo, recomendaciones para avanzar en la prevención y eliminación de la violencia de género, las cuales estarían en sintonía a lo ya establecido en las convenciones internacionales CEDAW y Belem do Pará, las cuales han sido ratificadas por el Estado salvadoreño. En dicho evento el presidente Funes y su esposa recalcaron los esfuerzos que se están haciendo desde el gobierno en esta temática, y su compromiso por combatir la violencia hacia las mujeres. Paradójicamente el mismo día de dichas declaraciones, se conoció que la Asamblea Legislativa le devolvió el fuero al vergonzoso personaje Rodrigo Samayoa3, luego que la Cámara de lo Penal resolviera que las expresiones de violencia contra la mujer son consideradas como delitos “no graves”[4], e incluso se señaló restituirle los salarios y prestaciones no devengados durante el tiempo que fue desaforado. Si fuese realmente cierto el avance en materia de equidad e igualdad de género, ¿por qué se sigue premiando a los victimarios y castigando a las víctimas?[5], y lo más indignante es que los casos como este son muchos en nuestros país.
El Programa “estrella” Ciudad Mujer impulsado por el gobierno actual, supuestamente creado para combatir la violencia de género y lograr el empoderamiento y autonomía económica de las mujeres, se queda en el mero asistencialismo (económico, sicológico, médico); pero no está diseñado para erradicar el problema del acceso y control de los recursos económicos y productivos de las mujeres (salarios, propiedad de la tierra, agua, etc.); mucho menos garantiza la autonomía y goce de los derechos sexuales y reproductivos, y tampoco promueve la distribución equitativa de los tiempos que hombres y mujeres dedican al trabajo del cuidado y al trabajo “productivo”. Ni está pensado para erradicar el marco condicionante de los valores e instituciones patriarcales. En ese sentido no hay un avance en el establecimiento de una igualdad real entre hombres y mujeres.
La situación de desigualdad de género se sigue profundizando en los últimos años en nuestro país. En la última Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples de 2011, es visible que las tasas de analfabetismo, los niveles salariales, la propiedad de la tierra y las labores del trabajo del cuidado, entre otros, siguen siendo desfavorables y más precarias para las mujeres en comparación con los hombres. Es decir ha habido una profundización de las desigualdades de género en los últimos años, si comparamos los años de 2009 y 2011. Esto por supuesto que son expresiones de violencia y discriminación hacia las mujeres, y supone la violación de sus derechos por parte del Estado.
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, se registra que en 2012 aumentaron los casos de violencia sexual en un 7.7%[6] comparado con 2011. Asimismo, datos de la UNFPA señalan que el suicidio en adolescentes de 10 a 19 años es la tercera causa de muerte materna en nuestro país, y a esto se le añade los niveles de deserción escolar por embarazos, los cuales muchos de ellos son a causa de violaciones sexuales.
Podríamos afirmar que incluso el gobierno actual ha realizado acciones que van en contra de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, se opone a revisar leyes relativas a la despenalización del aborto, aunque ello implique pisotear la dignidad de las mujeres e incluso ocasionarles la muerte como en el caso de Manuela7. El Salvador es uno de los cinco países en América Latina que castigan absolutamente el aborto, junto con Nicaragua, Honduras, Republica Dominicana y Chile.
Tampoco se nos olvida que el mismo Presidente Funes se opuso a la prohibición de las cachiporristas en los desfiles públicos, medida que buscaba propiciar la erradicación de la violencia simbólica hacia las mujeres, e ir deconstruyendo la idea cosificada del cuerpo de las mujeres que promueve esta sociedad patriarcal machista.
Otra pregunta que nos deberíamos hacer es ¿por qué el Estado salvadoreño no ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)?, recordemos que este Protocolo es un tratado anexo a la CEDAW aprobado por la ONU en 1999, el cual crea mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos de las mujeres. Asimismo obliga a los Estados a rendir cuentas en el ámbito internacional, y abre la posibilidad de recurrir al derecho internacional sino se encuentra justicia internamente en el país. En América Latina sólo 4 países faltan por ratificarlo: Chile, Honduras, Nicaragua, y El Salvador.
El Salvador ya ha recibido una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de Manuela, una mujer pobre que murió en la cárcelluego de haber sido condenada a treinta años de prisión por haber sufrido un aborto debido a una enfermedad no detectada, una muerte evitable y todo porque la ley penaliza toda forma de interrupción del embarazo8. La demanda busca que se haga justicia y haya reparación a la familia de la víctima. Pero al no estar ratificado el Protocolo de la CEDAW los procesos de investigación del caso y los procesos de reparación pueden verse obstaculizados, puesto que el Estado no está obligado a responsabilizarse de la facilitación de estos procesos.
Falta mucho camino por recorrer para lograr la igualdad real de hombres y mujeres en nuestro país. Ojalá las recomendaciones que se hagan a la ONU en la convención de marzo sean tomadas en cuenta no sólo en los discursos políticos e ideológicos, sino en la ejecución de políticas y leyes, y en los programas y presupuestos de los Estados, que realmente respeten y promuevan los derechos de las mujeres. Pero como sabemos, en juego también están relaciones de poder y dominación de clase y de género, y que para enfrentarlas necesita de la articulación de las diferentes agendas de lucha feministas, y también de la solidaridad de todos y todas quienes creemos en la dignidad y la liberación de la humanidad en su conjunto.
(*) Colectivo de Estudio de Pensamiento Crítico (CEPC)
[1] El programa Ciudad Mujer es impulsado desde la Secretaria de Inclusión Social, y consiste en dar asistencia a las mujeres en salud sexual y reproductiva, atención a la violencia de género y el empoderamiento económico. Su enfoque es asistencialista y no está diseñado para atacar la problemática diversa que sufren las mujeres (por ejemplo en cuanto a la reasignación de la división sexual del trabajo, el acceso y control de los recursos productivos como la tierra y el agua en el caso de las mujeres rurales, y la garantía plena de la autonomía del cuerpo de las mujeres, entre otros)
[2] Contrapunto, “Combatir violencia a mujeres no es opción, es prioridad”, 11 de febrero de 2013, en: http://www.contrapunto.com.sv/genero/combatir-violencia-a-mujeres-no-es-opcion-es-prioridad
[3] Rodrigo Samayoa, diputado por el partido GANA, fue acusado de violencia intrafamiliar contra su esposa Mireya Guevara a mediados de 2012, luego que fuera desaforado de sus funciones en la Asamblea Legislativa, y cuando se inicia el proceso legal en su contra, de la manera más descarada posible salió del país rumbo a Miami, aduciendo que era por razones de salud, pero obviamente era para evadir la justicia. A pesar de ello después de unos meses un juzgado de lo penal resolvió que el delito cometido no era considerado un delito “grave”, y por tanto se le devolvió su fuero, y regresará a la Asamblea Legislativa sin ningún tipo de castigo.
[4] La Prensa Gráfica, “Avalan retorno de Rodrigo Samayoa a la Asamblea”, 11 de febrero, en: http://www.laprensagrafica.com/Content/2013/02/11/02112013rodrigosamyoa
[5] Tal es el caso de una mujer que denunció que sufría acoso sexual en su trabajo en la Asamblea Legislativa y en lugar de investigar y castigar al victimario, se le acusó a ella de difamación y fue obligada a pagar una elevada cantidad de dinero como “indemnización” a su victimario. Ver: El Diario de Hoy, “Condenan a ex empleada de la Asamblea por difamación”, 13 de febrero de 2013, en: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47654&;idArt=7683298
[6] La Prensa Gráfica, “Violaciones sexuales se incrementaron en 2012, 13 de enero de 2013, en: http://www.laprensagrafica.com/violaciones-sexuales-se-incrementaron-en-2012
[7] Manuela fue condenada a treinta años de prisión por haber sufrido un aborto, bajo un proceso penal sesgado y discriminatorio; se conoció después que el aborto fue a causa de una enfermedad cancerígena no detectada a tiempo, la misma que le provocó la muerte en la cárcel que permaneció durante dos años. Manuela fue víctima de la penalización absoluta del aborto, la cual fue violentada, discriminada y asesinada con responsabilidad directa del mismo Estado salvadoreño.
[8] Colatino, “El Salvador enfrenta nueva demanda en CIDH”, 22 marzo 2012, en: http://www.diariocolatino.com/es/20120322/nacionales/101665/El-Salvador-enfrenta-nueva-demanda-en-CIDH.htm