Manifiesto público del Movimiento Social por la Defensa del Estado de Derecho
El Movimiento Social por la Defensa del Estado de Derecho, conformado por distintas organizaciones sociales, ante la sorpresa generada por la sanción del Decreto Legislativo N° 743 que limita las actuaciones de la actual Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, a la Nación entera manifiesta:
Que el pasado jueves 2 de junio, la Asamblea Legislativa aprobó con dispensa de trámite el Decreto N° 743 que permite reformar de manera transitoria los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica Judicial (LOJ), con el propósito de separar a cualquier magistrado de la Sala de lo Constitucional en determinados casos cuando concurran ciertas circunstancias (Art. 12 LOJ)) y para permitir la votación unánime en la misma Sala en cuanto a recursos de inconstitucionalidad (Art. 14 LOJ).
El decreto legislativo, aprobado por los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC, y calzado con firmas de diputados que conforman la junta directiva de la Asamblea, entre ellas las firmas de dos diputadas del FMLN, fue remitido al Ejecutivo el mismo jueves 2 de junio, a pocas horas de que fuera aprobado en la Asamblea, pese a que en este caso, ese Órgano cuenta hasta con diez días para remitirlo al Ejecutivo.
Esa misma noche, pese a que tenía 18 días para analizarlo ya sea para sancionarlo, observarlo o vetarlo, el presidente firmó y sancionó el decreto; también, lo refrendó con su firma el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, y fue enviado inmediatamente a publicar en el Diario Oficial, para que entrara en vigencia desde ese mismo día.
Tanto el proceso de aprobación del decreto en la Asamblea, como su sanción inmediata, revela que ya existía un pacto entre los partidos políticos con el presidente Mauricio Funes. Y denota una clara intención premeditada de impedir la consulta y reacción a tiempo de las organizaciones sociales.
Inobjetablemente, estas reformas a la Ley Orgánica Judicial, van dirigidas a contrarrestar las actuaciones que los actuales 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quienes desde su nombramiento en dicha Sala, han emitido sentencias en materia electoral, como permitir candidaturas independientes y listas abiertas y desbloqueadas en la elección de diputados. Además, ordenaron al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del PDC y PCN y declaró ilegal los nombramientos de dos magistrados que estos partidos tenían en el organismo electoral. Asimismo, no avaló que los partidos políticos presenten listas incompletas en elección de diputados. Todas estas sentencias, y otras emitidas por la Sala de lo Constitucional, van en contra de los intereses de los partidos políticos y de otros grupos de poder en el país.
Lamentablemente, para la ciudadanía en general, estas reformas ponen freno a los incipientes pasos que se han dado hacia adelante para cambiar el sistema político electoral del país; ese sistema político enquistado desde los inicios de la República que no ha permitido tener instituciones fuertes y justas. Ese sistema político que ha estado siempre corrompido y corruptible al servicio de unos pocos que históricamente se han enriquecido y que han perpetuado la pobreza de las grandes mayorías.
Queda demostrado que, pese a que se dice tener actualmente un gobierno y un partido oficial de izquierda, el país sigue siendo manejando por un pequeño grupo con poder económico que tiene al servicio a los partidos políticos, a las instituciones y también al ahora presidente de la República.
Como Movimiento Social por la Defensa del Estado de Derecho Respaldamos totalmente el trabajo de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, ya que sus actuaciones se basan en principios éticos y jurídicos de acuerdo a lo que con su investidura corresponde. Además, han mostrado una actitud valiente y coherente con lo que por justicia social debe entenderse.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales a construir un amplio movimiento social que haga prevalecer la justicia social que tanto necesitamos en nuestro país.
Exigimos a aquellos funcionarios del actual gobierno, hombres y mujeres, que sean coherentes con su conciencia de clase, política social y con su pasado de cuando eran luchadores por la justicia social. No es concebible que ahora que están investidos por el gobierno, su presidente los mantiene amordazados y callen tantas injusticias. Les exigimos a que RENUNCIEN de sus cargos y que vuelvan con el pueblo, con el sufrimiento del pueblo. No deben de ser cómplices conscientes de acciones contrarias a la justicia social.
Exigimos al presidente de la República que no utilice más, de manera utilitarista, el nombre y figura de Monseñor Romero, y así evitar que siga jugando con la conciencia de la gente sencilla. Recordarle que en la vida son pocas las personas que pueden tener la solvencia moral y ética para invocar su nombre y considerarlo como su mentor. Estamos seguros que el presidente Funes no se encuentra entre ese pequeño grupo de personas privilegiadas.
San Salvador, domingo 5 de junio de 2011.