En el marco del Día Mundial de la Alimentación, La Fundación REDES junto a diferentes organizaciones sociales y populares marcharon hasta la Asamblea Legislativa para exigir la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y la reforma constitucional al artículo 69, para reconocer al agua y a la alimentación como Derecho Humano. La gran movilización popular fue una muestra de unidad popular y se articuló bajo la frase “La alimentación es un derecho humano, Soberanía Alimentaria ¡¡YA!!”.
Con lemas como “Yo exijo la Ley de Soberanía Alimentaria”, “Yo quiero mi vida sin veneno en la comida”, “El agua no se vende, el agua se defiende”, entre otros, miles de miembros de organizaciones comunitarias, campesinas, cooperativas agropecuarias, organizaciones de mujeres rurales, organismos no gubernamentales, activistas y de la sociedad civil exigieron sus derechos de forma pacífica desde el Parque Cuscatlán hasta el recinto parlamentario donde se celebraba la Sesión Plenaria.
La marcha por la Soberanía Alimentaria fue organizada por diferentes organizaciones y alianzas sociales, entre ellas: Mesa por la Soberanía Alimentaria, Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, Alianza Ambiental, el Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte, Alianza de Mujeres Cooperativistas, PECOSOL CONFRAS, CONSUACCION, FEDECOOOPADES, etc.
Todas las organizaciones llegaron a las afueras de la Asamblea Legislativa donde los integrantes de la Mesa por la Soberanía Alimentaria denunciaron la resistencia del partido ARENA para no aprobar la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria, y la Ley General del Agua.
“Sabemos que los intereses corporativos de toda la industria alimentaria, de los agronegocios, de las cámaras empresariales, de los importadores y de las empresas transnacionales, son los que están ejerciendo presión sobre el partido de derecha. El gran capital es el más interesado en que estas leyes no pasen o si pasan que no vayan en contra de sus intereses económicos”, explicó Carlos Cotto, Director Ejecutivo de REDES y miembro de la Mesa por la Soberanía Alimentaria.
“Somos cientos de organizaciones que venimos exigiendo que se apruebe la Ley del Agua y el derecho a la alimentación, pero siempre han sido los diputados de ARENA quienes no tienen voluntad política para dar sus votos”, acotó Deysi Cheyne, integrante de la Mesa.
Por su parte, las diputadas del FMLN Lourdes Palacios, Jackeline Rivera y el diputado José Santos Melara, de la misma fracción, recibieron a las organizaciones y externaron su compromiso para la aprobación de la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria.
“Ustedes cuentan con 31 votos seguros por parte del FMLN, sabemos que urge una Soberanía Alimentaria y una Ley de Agua en el país, pero ARENA es el partido que siempre ha obstaculizado que se aprueben dichas leyes porque ellos responden a intereses económicos de las corporaciones transnacionales y no a los del pueblo salvadoreño”, indicó Lourdes Palacios, diputada del FMLN y miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático.
Asimismo, el Procurador de Derechos Humanos, David Morales, también reafirmó su apoyo con las organizaciones en el reconocimiento por los derechos a la alimentación y el agua. “La Procuraduría de los Derechos Humanos apoya plenamente la lucha por la pronta aprobación de la Ley General de Aguas y por la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria con Enfoque de Género. Estamos en contra de la creación de cualquier órgano rector del agua que abra posibilidades de privatización, la Procuraduría se pronuncia este día diciendo no a la privatización del bien nacional del agua”, señaló.
Según las Naciones Unidas para El Salvador, el costo acumulado del hambre en el país es de 1,175 millones de dólares, por lo que es necesario pensar en la aprobación de una ley que permita avanzar hacia la Soberanía Alimentaria.
“Con una Ley de Soberanía Alimentaria se tendría un marco legal que beneficia tanto a los agricultores, a las mujeres, a la población y al medio ambiente. La Ley no solo implica la producción, sino también acceso de las personas a la tierra, algo que aquí no hay”, destacó Doris Evangelista, integrante de la organización RUMES y miembro de la Mesa.
Las exigencias de las organizaciones también contemplaron los temas de prohibición de la exploración y explotación de la minería metálica, las reformas a la Ley de Asociaciones Cooperativas, así como la aprobación de la ley de agricultura orgánica y la prohibición del uso de 53 agro-tóxicos.