La privatización del agua en los países centroamericanos, es una posibilidad latente, a pesar que este recurso sea reconocido internacionalmente como un derecho humano fundamental, tratados comerciales como el ADA y los asocios público privados constituyen amenazas contundentes contraproducentes a una gestión público comunitaria del mismo.
Por esta razón, las organizaciones comunitarias de la región centroamericana aglutinadas en función de la defensa del agua, se mantienen en acción permanente contra todo tipo de amenazas que conlleven la privación del acceso a este recurso vital.
El objetivo del Quinto Encuentro Centroamericano para la Gestión Social de los Recursos Hídricos pretende promover la unidad entre las organizaciones centroamericanas que abordan la problemática del agua a través de la conformación de una red centroamericana que vele por los intereses comunes en defensa del recurso hídrico.
La primera ponencia se centró en el análisis de las implicaciones del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea (U.E.) y Centroamérica (C.A.) sobre el agua en la región. En materia comercial, en elmarco del AdA, la región tendrá la posibilidad de exportar productos agrícolas sin aranceles a la U.E. sin embargo; la U.E. podrá exportar hacia C.A. más de 10 mil productos provenientes de los 27 países de la U.E. sin pagar aranceles.
“El acuerdo se firma en un contexto de profunda crisis de la economía mundial, especialmente la que viven los países europeos, así como en condiciones de asimetría, vulnerabilidad, exclusión y gragilidad delas economías centroamericanas” afirmó Luis Cua, miembro de la organización CDRO de Guatemala.
“Este nuevo tratado implica la imposibilidad de los países centroamericanos de establecer su propio proceso de integración y definir sus propias estrategias de desarrollo económico (…) El acuerdo cambiaría las tradicionales relaciones entre ambas regiones en temas de cooperación y diálogo político para el desarrollo”, afirmó Cua, quien también sostuvo que se trata de un acuerdo que vendrá a beneficiar a la oligarquía regional que posee más del 80% de los medios de producción de C.A.
Con respecto al agua, el AdA abre las puertas para la inversión privada en su explotación, ya sea para embotellamiento, para prestación de servicios de abastecimiento, o para ser utilizada en la minería u otras ramas de la industria europea que pretende venir a enclavarse en la región.
Abel Bernal, miembro de la Red Salvadoreña para la Protección del Agua y el Medio Ambiente (RESPRODAM) de El Salvador, manifestó que en la aprobación del AdA no fueron tomados en cuenta otros convenios internacionales que protegen este recurso, los derechos humanos asociados al agua, así como otros tratados ambientales que están vigentes pero que no se cumplen por parte de los gobiernos.
“En Guatemala estamos en pañales en la protección de los recursos naturales. Deberíamos tener una política de administración de nuestros recursos. En el 2006 se detuvo la aprobación de la ley de agua en Guatemala, pero no hay propuestas sobre cómo debería de ser esa ley. En mi comunidad aprobamos un reglamento para el manejo del agua,el cual ha sido revisado por la procuraduría de Derechos Humanos la cual sostiene que el reglamento no viola los derechos, entonces lo que debemos hacer es regionalizar estos reglamentos, debemos tener capacidad de proponer y de decir ‘esto es lo que necesitamos’, debemos ir con propuestas”, afirmó otro de los participantes.
Mara Oliva, de Nicaragua informó que ha participado en muchos foros frente al AdA en las que hubo propuestas de movilizaciones conjuntas en la región centroamericana, pero al final, el acuerdo se firmó. “En Nicaragua tenemos una ley que define al agua como un bien común y que no se puede comercializar… pero debemos incidir en los poderes para que esto se mantenga o se logre en otros países… Cuando nos agarramos del derecho humano al agua, es cuando podemos luchar para defenderlo”, acotó.
“Para nosotros como Mayas, el agua es la vida, el agua es la madre, sin ella no podemos vivir, ni los animales ni plantas. En la constitución de Guatemala dice que el agua es propiedad del Estado, pero el Estado es el pueblo y no el gobierno. Esos grupos hacen negociaciones a espaldas del pueblo y desconocemos esos acuerdos… Hace falta trabajar duramente, no solo hacer encuentros de vez en cuando, mientras el gobierno sigue avanzando, aprobando leyes y ni cuenta nos damos. Aquí en occidente, la población desconoce estas cosas, hay que sensibilizar a la población que debe defender el agua, la tierra…” afirmó Manuel, representante del Consejo Maya Mam de Quetzaltenango.
Wilber Vides, voluntario de la RESPRODAM concluyó la sesión afirmando que el objetivo de fondo del AdA es la explotación de los recursos naturales que tiene C.A. “El agua debe ser un eje de articulación de todos los movimientos sociales de la región, ya que es algo que nos interesa a todos”, afirmó.
Explotación minera: otra amenza directa contra el agua.
La minería es un tema que también obtuvo relevancia en el encuentro, en tanto constituye una práctica que implica la utilización de químicos contaminantes de las principales fuentes de agua en la región.
Fredy González Mejía denunció en su exposición que la problemática de la minería en la zona del Departamento de San Marcos, Guatemala, que la empresa Montana está desarrollando con la mina Marlin. La Universidad de San Carlos presentó los resultados del estudio del agua realizado en la mina Marlin ubicada en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, en el que se constata la presencia de metales pesados y cianuro en el agua. El estudio arroja que la empresa utiliza 250 mil litros de cianuro por hora diluido en agua. Los camiones de la empresa van a cargar sus pipas metiendo las mangueras en el río de la comunidad.
Los trabajadores de la mina están en silencio, pueden decir nada y si hablan los expulsan de la empresa. Los estudios que ha realizado la universidad de Michigan, revela que no solo el agua está contaminada, sino también la sangre de las personas. El uso de explosivos está dañando las viviendas de la zona y también está provocando fracturas en el subsuelo.
La comunidad indígena ha denunciado la situación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, institución que ha hecho presencia en San Miguel Ixtahuacán y ha ordenado medidas cautelares al gobierno guatemalteco, pero lamentablemente no se están adoptando la medida.
En este mismo territorio una fuente de agua local, que abastecía a 66 familias, se ha secado porque el flujo de agua se ha desviado de su curso por las mismas actividades mineras. Por ello, la empresa Montano está obligada a abastecer agua limpia para la comunidad de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, además de construir las plantas para tratar el agua contaminada con cinc, cobre, manganeso, cianuro y plomo.
Problemática de la mina Cerro Blanco
Esta mina, ubicada en zona fronteriza de Guatemala con El Salvador, en la zona de Asunción Mita, que está utilizando 120 barriles de agua por hora, para la utilización del arsénico, el cual, por estudios realizados en la actualidad da evidencias de la presencia de arsénico en las piedras, el aire y las aguas superficiales de la zona, que afectan directamente a El Salvador, ya que las aguas superficiales corresponden a la cuenca del río Lempa, principal río de El Salvador.
Experiencias presentadas.
Se presentaron experiencias en el fortalecimiento de las redes de comités de agua comunitarios, como la de Honduras y Nicaragua, por ejemplo la red AHJASA de Honduras, que representa a más de mil comités y es reconocida por distintas entidades del estado e incluso organismos internacionales.
AHJASA cuenta con un modelo de proceso de desarrollo que se puede implementar tanto en nuevos proyectos como también en sistemas de agua y saneamiento ya existentes. La visión de AHJASA es que las comunidades asociadas puedan gozar de servicios de agua eficientes y de calidad en un ambiente autosostenible.
Esta red ofrece a sus comités locales información de estudios, diseños y construcción de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento y provee equipos e insumos para la gestión del agua, así como también capacita a las comunidades para una gestión adecuada y asesoría legal para los trámites de personería jurídica de las juntas de agua.
En Nicaragua la Red de los Comités de Agua Potable (CAP) que representa a 2 mil cien comités a nivel nacional, apoyándolos en su fortalecimiento organizativo y administrativo, así como el reconocimiento que tienen a través de una ley y de la interacción con las distintas instancias del estado.
Los CAP cuentan con personería jurídica y pueden recibir atención técnica, asumir créditos, tener respeto a su patrimonio, así como gestionar proyectos de apoyo. Esta legalidad también les exonera de impuestos, les da capacidad de abrir cuentas bancarias y formar parte de los comités de cuenca en la que se encuentran ubicadas. Los CAP mueven al rededor de 36 mil personas voluntarias y cubren 1 millón doscientos mil habitantes en 153 municipios del país.
La Red Salvadoreña para la Protección del Agua y el Medio Ambiente (RESPRODAM).
Isaías Pérez, miembro de la Red Salvadoreña para la Protección del Agua y el Medio Ambiente (RESPRODAM) y de la Fundación REDES, presentó la experiencia de la formación de esta red, que nació en el año 2010 en El Salvador, conformada por juntas comunitarias de agua y comités ambientales de 9 territorios del país.
RESPRODAM surge con la idea de convertirse en una red nacional fuerte, con alianzas estratégicas con las demás redes centroamericanas, su labor consiste en la unificación de las organizaciones de base para lograr la concientización, educación, la organización y la incidencia de la población salvadoreña.
En su proceso de organización, la RESPRODAM ha logrado organizar y realizar varios foros centroamericanos que le dieron inicio al proceso de los encuentros centroamericanos. También se han acompañado procesos de incidencia por la aprobación de la Ley General de Agua.
Wilber Vides, voluntario de la RESPRODAM, explicó el proceso de fortalecimiento de la red en el último año, mediante un proceso de sensibilización y capacitación desde el territorio. A través de la educación popular se ha contribuido a incrementar el nivel de conciencia en los 9 territorios de trabajo, con temas sobre la problemática ambiental del país y la gestión sustentable del agua, el conocimiento de las propuestas de leyes general de aguas y subsector del agua potable y saneamiento, que surgieron desde el Foro del Agua.
Rafael Osorio de Ecuador, explicó el proceso de lucha por la defensa del agua en ese país. En la nueva constitución ecuatoriana a raíz de la lucha popular se logró que se prohíba la privatización del agua. En la constitución quedó definido el orden de prioridad para el uso del agua: en primer lugar está el uso humano del agua, en segundo lugar el riego para garantizar la soberanía alimentaria, el tercero es el caudal ecológico de los ríos y el cuarto es la actividad productiva. En la carta magna se reconocen los derechos de la naturaleza y establece que los servicios de abastecimiento de agua potable, solamente los puede prestar el estado y las comunidades. Se prohíbe la privatización, la concentración, el acaparamiento del agua y frente a ello se establece la redistribución.
Todos los logros que se tienen en el ámbito de La Constitución no han sido una concesión, sino ha sido resultado de la lucha popular sobre la defensa del agua que supo hacer llegar sus demandas a la asamblea constituyente a través de diputadas y diputados surgidos de los ámbitos populares que formaron parte de la creación de La Constitución, la cual se dice que es una “constitución hecha de agua”. En Ecuador, la gobernanza del agua se establece a través de autoridades de cuenca y no a través de las autoridades de la división político-administrativa.
También se establece la necesidad de elaborar una ley general de agua que regule su uso dando un plazo de 360 días para ello, sin embargo, han pasado 1,300 días y todavía no se cuenta con dicha ley pues los distintos intereses económicos de ese país sudamericano, han retrasado la creación de esta ley.
Los retos que se tienen en Ecuador son la unión de las organizaciones territoriales del agua, la sostenibilidad de los sistemas, los aspectos tarifarios, la identificación de los acaparamientos y terminar con la inequidad en el uso del agua.
El encuentro también propiciará el diálogo, el análisis y la discusión en torno al tema; así como el intercambio de experiencias sobre la administración y defensa del agua
establecidas en cada uno de loa países que participan del encuentro.