En el II Congreso se dio a conocer los resultados de la investigación “Perfil de las mujeres rurales en El Salvador”, donde se presentó la situación y los desafíos de las mujeres en el campo bajo las actuales estructuras económicas de desigualdad y bajo la estructura de dominación patriarcal.
Algunos de los principales hallazgos del estudio muestran que las mujeres rurales representan el 51% de la población rural en El Salvador, sin embargo únicamente el 15% son propietarias de la tierra con vocación agrícola; los salarios en promedio son inferiores en un 15% a los salarios de los hombres; representan el 60% de las personas analfabetas en el área rural y el 54% de la población con problemas de salud; además representan apenas el 37% de la propiedad de viviendas rurales; y son quienes, y en particular, las adultas mayores, las que experimentan los mayores efectos negativos de las crisis alimentaria y nutricional ( Martínez, Perfil de la Mujeres Rurales en El Salvador, Octubre 2012).
En ese sentido las más de 250 congresistas participantes del II congreso, redactaron una declaración que posteriormente fuese firmada como compromiso por las y los funcionarios públicos que se hicieron presentes. Las principales demandas que se plantearon en dicha declaración son: a) una reforma agraria para facilitar el acceso de las mujeres rurales a tierra con vocación agrícola, para ello exigen la pronta ratificación de la reforma constitucional que declara la alimentación y el agua como un derecho constitucional, así como la aprobación de una Ley de Soberanía y Seguridad alimentaria con enfoque de género. b) Poner en marcha una Política de Vivienda Rural de interés social con enfoque de género. c) Una política de Salud Integral para las Mujeres rurales, y una ampliación y profundización de los servicios de salud sexual y reproductiva para las mujeres rurales, especialmente hacia las jóvenes. d) Reformas al Código de Trabajo y a la Ley del Instituto del Seguro Social, para que las mujeres asalariadas en el sector agropecuario y pesca gocen de protección laboral; así mismo estás reformas deben considerar políticas gubernamentales para reducir la carga del trabajo del cuidado para las mujeres rurales; entre otras.
A la vez, exhortaron que estas propuestas deben ir dotadas de presupuestos públicos que garanticen la ejecución y cumplimiento de las políticas y programas diseñados con enfoque de género.
El II Congreso finalizó con la firma de compromisos de las funcionarias y funcionarios públicos que se hicieron presentes, como Alexander Segovia, Secretario Técnico de la Presidencia, Yanira Argueta, Directora del ISDEMU, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Oscar Luna; Carolina Ávalos, presidenta del FISDL, así como representantes del MAG y MINSAL.