Ante la situación de crisis hídrica que vive El Salvador, las Organizaciones que conforman la Mesa por la Soberanía Alimentaria (MSA) proponen la implementación de una serie de prácticas que contribuirán a proteger y preservar el vital recurso hídrico.
Entre las medidas que propone la MSA está la gestión agroecológica del agua, es decir cambiar el uso de agroquímicos y pesticidas por abonos orgánicos. Practica que permite proteger los mantos acuíferos y la salud de las personas.
Evelyn Martínez, representante de la MSA e investigadora de la fundación REDES indicó que a nivel mundial la gran agricultura del agronegocio consume el 70% del total del agua disponible, mientras que la agricultura familiar no dispone de agua para regar sus cultivos.
“Proponemos la utilización del sistema de micro riego por goteo para hacer un uso prudente del agua, sistemas de almacenamiento de agua lluvia para disminuir la vulnerabilidad provocada por las sequias e inundaciones y la autogestión comunitaria del agua ejecutada por las y los agricultores”, dijo Guadalupe Esquivel, representante de la MSA y las mujeres rurales.
En ese sentido, las organizaciones exigieron la aprobación de Ley General de Aguas y la Ley de Soberanía Alimentaria que regularían esta realidad, “la aprobación de estas leyes permitirá tener acceso, control y autogestión del agua por parte de las y los pequeños campesinos para producir sus alimentos, y además, hará posible alcanzar la soberanía alimentaria, pues ésta coloca al campesinado en el centro del sistema agroalimentario y no a las empresas del agronegocio” agregó Martínez.
Cabe destacar que ambas propuestas de leyes se han estancado en la Asamblea Legislativa. El anteproyecto de la Ley General de Aguas fue presentado en el 2006 y no se ha avanzado en su discusión, mientras que la propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria se llevó hace tres años y hasta la fecha la Comisión Agropecuaria solo ha discutido 41 artículos, de los 101 que contiene.
“No hay duda que la legislación por sí misma no va a resolver las problemáticas, frente a la industria cañera, la industria inmobiliaria y la que utiliza grandes cantidades de agua para poder hacer bebidas carbonatadas que degradan los mantos acuíferos, pero con un marco jurídico encaminado a normar esta realidad en algo abona”, aseguró Luis González, representante de la MSA.
Para la MSA con la Ley General de Aguas se tendría acceso, control y autogestión del agua por parte de las y los pequeños campesinos para producir sus alimentos.
Asimismo, la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria permitiría disponer de un marco legal que no permita las prácticas contaminantes del agua, aire y suelos, y que además, garantizaría la producción de alimentos sanos y nutritivos de forma permanente, a través de la agroecológica, logrando un mayor acceso de las y los campesinos al agua, la tierra y las semillas.
Por otra parte, el estado de emergencia nacional por la escasez de agua potable tras un período prolongado de sequía coincidió con la primera visita oficial del relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Léo Heller, para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento en el país.
El Relator Especial señaló que El Salvador aún no ha integrado sus compromisos internacionales en la legislación interna del país, por lo que afirmó que es fundamental que aproveche la oportunidad para reconocer los derechos humanos al agua y al saneamiento en su legislación, lo cual ayudará a proteger aún más el acceso de todas las personas a estos servicios.
El experto presentará sus conclusiones y recomendaciones finales al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2016.
“Esperamos que el relator retome las demandas de la sociedad civil y entre las recomendaciones que brinde al Estado salvadoreño se incluya la necesidad de estas legislaciones de cara a poder normar estas y futuras crisis, para contrarrestar los impactos del cambio climático, que ya se sienten en El Salvador”, finalizó González.
Los caudales de los ríos han disminuido hasta un 80% durante los últimos 30 años. Se estima que en el año 2100, el país enfrentará a una reducción hasta del 79% en la disponibilidad de agua.
A la fecha, sólo se conocen las observaciones preliminares del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y al saneamiento al concluir su misión oficial a El Salvador,más información en el siguiente enlace Relator Especial