En la caminata participaron las organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los recursos naturales y el derecho al acceso de los mismos, donde constituyeron una nutrida marcha que llevó hasta la Asamblea Legislativa las exigencias de la niñez, la juventud, campesinado, mujeres y hombres en torno a la problemática ambiental en el país.
Las actividad de calle fue convocada por la Alianza Ambiental, que integra la Mesa Nacional contra la Minería, la Mesa Permanente por la Gestión de Riesgos (MPGR), el Foro del Agua y algunas iglesias progresistas.
La Fundación REDES, como parte de la MPGR, fue firmante de la pieza de correspondencia presentada a la Asamblea Legislativa, donde se solicita la formulación e implementación de una ley que prohíba la minería en el país, una ley que proteja el recurso hídrico como derecho humano inalienable, la reforma de la Ley de Protección Civil y Mitigación de Desastres, entre otros puntos también importantes.
También marcharon junto a las organizaciones populares, la Red Salvadoreña para la Protección del Agua y el Medio Ambiente (RESPRODAM),la Asociación de Desarrollo de Cuencas de San Simón y Río Lempa, El Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas de los recursos hídricos y del medio ambiente de Berlín y Alegría, el Movimiento Juvenil por la Vida y la Juventud Unida por el Desarrollo (JSUD).
Estas organizaciones abanderaban en su manifiesto público el rechazo a los proyectos impulsados por las empresas nacionales y transnacionales que utilizan los recursos naturales como mercancías, en tanto que a partir de éstos, garantizan y sostienen sus ganancias.
JSUD, de San José Villanueva, denuncia cómo el Grupo Roble (empresa constructora controlada por la familia Poma, una de las familias más ricas del país) ha talado ya 300 manzanas de bosque para la construcción de una cancha de golf que es parte de un proyecto residencial que incluye un hotel, lujosas residencias y establecimientos comerciales; el nombre que han otorgado al proyecto que ya está en construcción es El Encanto Villas y Golf.
Las comunidades de Berlín y Alegría organizadas en el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas de los Recursos Hídricos y del Medio Ambiente, denuncian a La Geo, empresa transnacional productora de energía eléctrica que opera en el Río Lempa. Esta empresa convierte el agua del Río en energía eléctrica para su comercialización, las comunidades de la zona se quejan de padecer enfermedades respiratorias e intestinales a causa de la inhalación de los gases que emanan del proceso de transformación del agua en energía eléctrica.
ALUVIAH es una empresa embotelladora de agua que está extrayendo y apropiándose del recurso hídrico de esta misma zona del oriente del país para comercializarlo.
Las comunidades más pobres son las principales afectadas del procedimiento de las transnacionales que mercantilizan los recursos naturales, también son las principales víctimas de los efectos del cambio climático a partir de su situación de vulnerabilidad.
Esta caminata exige a los gobiernos tomarse en serio la crisis ambiental que ya tiene un carácter global, las organizaciones sociales proponen alternativas que deben ser atendidas considerando los intereses de las mayorías empobrecidas y no los de las empresas.