A las 10:58 am del 5 de febrero fue recibida en la Asamblea Legislativa una pieza de correspondencia firmada por organizaciones comunitarias de los territorios donde opera La Geo.
El Observatorio Ambiental de Políticas Públicas de los Recursos Hídricos y del Medio Ambiente, Asociación de Desarrollo de Cuencas de San Simón y Río Lempa (ADECSILEMPA), Coordinadora por la Defensa de la Subcuenca Río San Simón, Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) y la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) solicitan a la Asamblea Legislativa la investigación en torno al contrato firmado por la empresa italiana ENEL GREEN POWER y la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) considerando como criterio el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que establecen la inconstitucionalidad de los artículos de la ley de la SIGET que la autorizaban a otorgar concesiones.
En su pieza de correspondencia, las organizaciones comunitarias afirman que desde hace varios años vienen denunciando generación de riesgos, contaminación del aire, daños en cultivos, enfermedades de la piel y respiratorias entre los impactos del funcionamiento de La Geo en los y las habitantes de los territorios aledaños; por lo que, según ellos y ellas, su lucha se verá complicada si una transnacional toma el control de la empresa estatal.
“A nosotros se nos hacía difícil luchar contra los impactos negativos de La Geo que tiene control el Estado, y ahora si le llegan a dar la mayoría de acciones a ENEL, se nos haría más difícil porque tendría el control absoluto”, expresa Santos Domínguez, miembro del Observatorio Ambiental de Políticas Públicas de los Recursos Hídricos y del Medio Ambiente instalado en Berlín y Alegría, como parte del proyecto “Promoción del Poder Local a través de le gestión pública eficiente y participativa en Berlín y Alegría, Usulután” ejecutándose por la Fundación REDES, gracias al apoyo de Gobierno Vasco (Eusko Jaurlaritza) a través de Nazioarteko Elkartasuna-Solidaridad Internacional (NESI).
Representantes de estas comunidades afirman que de ser la transnacional ENEL la mayor accionista de La Geo, el Estado dejaría de percibir un aproximado de 65 millones de dólares anuales en concepto de impuestos, lo cual podría ser invertido en obras sociales.
El Laudo de la Cámara Internacional de Comercio (ICC) condenaba a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa a que permitiera la inversión de $120 millones de dólares por parte de ENEL y con ello alcanzarse el 53% de las acciones de La Geo y por ende, el control de la Junta Directiva. Más reciente la resolución del tribunal arbitral francés que nuevamente favorece los intereses de la empresa ENEL para poder acceder al 50% de las acciones de la empresa La Geo.
La comunidades piden que la comisión designada en La Asamblea Legislativa debe llamar a Francisco Flores, Miguel Lacayo, José Antonio Rodríguez y Guillermo Sol Bang, entre otros ex funcionarios que pudieran estar implicados en el fraude.
Además, exigen su participación como comunidades afectadas en la posibilidad de explicar de viva voz todos los impactos negativos que ha ocasionado durante años la actuación irresponsable de esta empresa en el departamento de Usulután.
Las comunidades afirman que seguirán luchando para que no La Geo no siga perforando para la construcción de los pozos y piden a las autoridades que tomen cartas en el asunto para evitar mayores daños al medio ambiente y a la vida.
La pieza de correspondencia fue acompañada por Lourdes Palacios, Estela Hernández, Roberto Lorenzana y Norma Guevara, diputados y diputadas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).