Organizaciones sociales y de base asistieron a un taller para definir mecanismos de coordinación y comunicación hacia un plan de trabajo conjunto alrededor de una agenda común por la soberanía alimentaria.
El 22 de enero, fecha en que se conmemora la resistencia indígena y campesina por la defensa de la tierra y otros derechos humanos en 1932, las organizaciones participantes del taller convocado por Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES), acordaron seguir el camino para la incidencia hacia la aprobación y efectiva aplicación de una ley y una política de soberanía alimentaria.
El taller denominado “Construyendo una agenda común para la soberanía alimentaria”, es la continuación del proceso que inició con un foro-debate donde Evelyn Martínez, investigadora en Fundación REDES, presentó un análisis comparativo entre las diferentes propuestas de política y ley de seguridad y soberanía alimentaria ante el fenómeno de la crisis alimentaria que atraviesa el país.
En el 2011 se aprobó una política de Seguridad Alimentaria y Nutricional que, según las organizaciones sociales que investigan el tema y desarrollan acciones para contrarrestar el hambre en los territorios, es necesario mejorarla incluyendo el enfoque de soberanía alimentaria y el enfoque de género en su diagnóstico y propuesta de implementación.
La ley para la regulación de la seguridad y la soberanía alimentaria aún no existe. 10 proyectos de ley a propuesta de organizaciones campesinas, cooperativas, algunos partidos políticos y el Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) aún están dispuestas para las consideraciones del parlamento salvadoreño; así también, hace falta la ratificación al artículo 69 de la Constitución de la República, donde la alimentación adecuada se reconocería en la carta magna como un derecho humano.
La mayoría de asistentes asintieron que los elementos del contexto actual, que son desfavorables para avanzar hacia el logro de la soberanía alimentaria, son el tema del uso y tenencia de la tierra, la actual ley de semillas que permite el uso de semilla transgénica, los Tratados de Libre Comercio y su consecuente expoliación del mercado capitalista a los pequeños productores agrícolas, y la baja inversión pública en agricultura.
Los principales acuerdos para una agenda mínima de incidencia conjunta, y en los cuáles enfocarán el proceso fueron: la derogación del CAFTA, una distribución justa de la tierra, la promoción de mercados alternativos solidarios, el rescate de la semilla nativa, un plan nacional de agro ecología, campañas de sensibilización sobre educación alimentaria y el aumento del presupuesto para agricultura en función de la soberanía alimentaria con perspectiva de género.
Las organizaciones participantes consideraron de gran importancia convocar para la articulación a otras redes y organizaciones que trabajan por la defensa del derecho humano al agua, contra la minería y los derechos de las mujeres rurales, puesto que la lucha por el logro de la soberanía alimentaria incluye la lucha por una ley de agua, una ley que prohíba la minería metálica y una ley de economía solidaria, entre otras.
Al evento se hicieron presentes representantes de la Procuraduría Adjuntas de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y de la Procuraduría Adjunta de la Mujer; de igual manera asistieron al evento organizaciones campesinas de la Escuela Orgánica “Fe y esperanza” de Guazapa, RASA, IMU, FECORACEN, CONFRAS, UNES, RACDES, FUNDE, RUMES, CDC, FESTES y OIKOS. El evento fue facilitado por Fundación REDES y OXFAM.