La caminata inició desde el parque Simón Bolívar para culminar frente a la Asamblea Legislativa donde se presentó una pieza de correspondencia que exige a las diputadas y diputados acciones encaminada al cumplimiento del Derecho al Agua y a la Alimentación que no están siendo garantizados a la población salvadoreña.
Ante las amenazas de privatización del agua, la principal exigencia fue dirigida a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que conforman la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático quienes hicieron a un lado la propuesta de Ley que presentaron organizaciones sociales en el año 2009, para centrar la discusión en la aprobación de artículos que pertenecen a la Ley Integral del Agua, propuesta presentado el año pasado por ARENA, PCN, PDC.
Esto es un golpe para las organizaciones y movimientos sociales involucrados en la elaboración y presentación del anteproyecto de Ley General de Aguas, la actual Comisión de Medio Ambiente y cambio climático inició desde cero la discusión respecto a la aprobación de una Ley que regule el bien hídrico, centrando su análisis en la propuesta presentada por partidos de derecha “Ley integral del Agua” en la que no se contempla el enfoque de derecho humano y que pretende que sean cuatro representantes de la ANEP y uno del Estado, quienes tendrán poder decisivo sobre este bien natural, así explicó Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña.
Ante tal situación, Domingo Solís, Fraile Franciscano Director de la Oficina de Justicia Paz e Integridad de la Creación, quien durante la Caminata Ecológica expresó que la decisión tomada en la Asamblea es “un abuso, es un acto violento contra la voluntad del pueblo, porque ya se había discutido los 92 artículos aprobadas”, además, detalló que se viene a botar el trabajo y esfuerzo que han hecho las organizaciones.
William Zetino coordinador del programa de Desarrollo Económico de Fundación REDES junto a integrantes de la institución participaron en conglomeración de organizaciones que llevaron a cabo la caminata ecológica, explicó que como organización respaldan el sentir de las comunidades ante esta amenaza de privatización, “hoy por hoy sabemos el peligro que está de la privatización del agua y la no aprobación de Ley de Soberanía Alimentaria” e invitó a todos los sectores de la sociedad a sumarse a las actividades en respuesta a esta problemática que afecta a la mayoría de la población salvadoreña y enriquece los bolsillos de unos pocos.
Entre las exigencias presentadas a la Asamblea Legislativa, están: la prohibición de venta y uso de agroquímicos en los cultivos por las consecuencias negativas que producen al Medio Ambiente y la salud de las personas, la urgente aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria presentada a la Comisión Agropecuaria en el año 2013 y La aprobación de la Ley General de Aguas respaldada por las organizaciones sociales.
Adela Bonilla de la Red Ambientalista Comunitaria en El Salvador e integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria explica que los tres factores mencionados anteriormente son de suma importancia para la sociedad salvadoreña, es mucha la población afectada por no consumir alimentos nutritivos, los casos de las personas con problemas de salud por usar agroquímicos van en aumento y el impacto medioambiental por los agrotóxicos no tiene marcha atrás, con este panorama las consecuencias de la privatización del agua impactaría en la vida de gran parte de salvadoreñas y salvadoreños del área rural y urbana que viven en condiciones de vulnerabilidad.
Finalmente, Vidalina Morales de la Asociación de Desarrollo Económico Social de Santa Marta ADES, repudió las acciones tomadas en la comisión legislativa de Medio Ambiente y cambio climático y asegura que las comunidades seguirán en pie de lucha, tomarán acciones si los diputados quieren seguir con la Ley Privatizadora.