La Mesa por la Soberanía Alimentaria hizo de manifestación pública su surgimiento reivindicando el derecho a la alimentación con equidad, sustentabilidad y organización popular.
Se trata de una articulación amplia de alrededor de 200 organizaciones sociales y de base con presencia en los 14 departamentos del país; en este espacio participa también la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, asumiendo su atribución constitucional de establecer nexos con organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e intergubernamentales.
Mediante una conferencia de prensa presidida por el Procurador de los Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna, se hizo pública la preocupación de estas organizaciones por el alto grado de dependencia alimentaria de El Salvador, que ha convertido al país en un importador de alimentos, después de haber sido productor; de modo que, la dependencia alimentaria en un obstáculo importante para lograr la soberanía alimentaria.
De acuerdo con una investigación elaborada por Fundación Salvadoreña para la Reconstrucción y el Desarrollo (REDES) sobre la situación alimentaria actual y la inversión pública en agricultura, se afirma que para 2010 se registró que la dependencia económica de arroz fue de 86.9%, es decir que del total de consumo interno de arroz, el país produce solamente el 13.1%. En el caso del frijol, se registró una dependencia alimentaria de 25.8%, de manera que el país necesitó importar el 74.2% del frijol para el consumo nacional; en cuanto al maíz, el país importó el 57.4%, registrando la dependencia económica de este grano en 42.6%.
Carlos Cotto, Director Ejecutivo de Fundación REDES, sostiene que la Mesa por la Soberanía Alimentaria promueve el concepto de soberanía alimentaria como la capacidad que tiene el país para decidir sobre sus propias políticas, las acciones que debe implementarse para garantizar el derecho humano a la alimentación y poder lograr niveles adecuados de nutrición para la población salvadoreña. “Buscamos un sistema agroalimentario equitativo, sustentable, basado en la equidad de género tomando en cuenta la base campesina, principal proveedora de alimentos para el país”, afirma.
Para Carlos Cotto, una Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional debe reconocer el papel relevante de las mujeres en la producción y uso de alimentos, también debe reconocer el derecho humano a la alimentación adecuada con un enfoque de soberanía; debe contener medidas concretas que elimine la especulación de precios, con los cuales se comercian los alimentos; debe apoyar y empujar la producción campesina de alimentos, debe considerar en primer lugar a la población más vulnerable como la niñez, tercera edad, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
Cotto agrega que una Ley de Soberanía Alimentaria debe priorizar los mercados locales, la producción campesina de alimentos; debe apoyar y promover el cooperativismo y la asociatividad en lo que refiere a la producción; enfatizó también en la necesidad de un presupuesto adecuado desde el Presupuesto General de la Nación y en la necesidad de una institucionalidad de alto nivel, que reúna a diferentes ministerios en un Concejo Nacional de Soberanía Alimentaria y Nutricional, que cuente con las herramientas y los recursos necesarios para su funcionamiento y con la representación de la base popular campesina, de las mujeres rurales y del sector cooperativo de las comunidades.
El Procurador de Derechos Humanos, Oscar Humberto Luna, manifestó que la inseguridad alimentaria “es un tema de urgencia que lamentablemente no se encuentra en la agenda pública de nuestros gobernantes ni de nuestros legisladores”.
El procurador señaló que, en coherencia con la relevancia del tema es que se está constituyendo la Mesa por la Soberanía Alimentaria. “Seguiremos haciendo los esfuerzos para que este derecho sea debidamente garantizado”, afirma Oscar Luna. En este marco, el Procurador de Derechos Humanos, se sumó a la exigencia de la ratificación al artículo 69 de la Constitución de la República, que pretende el reconocimiento del agua y la alimentación como derechos humanos.
“La garantía de los derechos humanos se encuentra en su reconocimiento constitucional, en vista que se encuentra implícita la obligación del Estado para la formulación de políticas en favor de garantizar de manera efectiva esos derechos. Pero no basta el reconocimiento constitucional, únicamente, sino el desarrollo de ese texto constitucional; para ello, implica la lucha no solo para que se ratifique la reforma, sino para que se apruebe la Ley General de Agua y la Ley de Soberanía Alimentaria, pues serán los instrumentos jurídicos de protección que marcarían las políticas públicas y los métodos orientados a garantizar de manera efectiva el derecho a la soberanía alimentaria” sostiene Oscar Luna.
Oscar Luna señaló que en el marco del derecho a la alimentación se encuentran implícitos otros derechos, como “el acceso a la tierra, a la seguridad de la propiedad, al agua, a las semillas, a los créditos y las tecnologías; el derecho a la salud, a la integridad, al trabajo, a la dignidad de la persona humana, a la vida, y a un nivel de vida adecuada”.
Amelia Urias es una productora campesina habitante de Monte San Juan, Cojutepeque, con la indignación y la esperanza entre sus labios se dirigió a la audiencia asegurando que “es lamentable cuando decimos que en El Salvador hay mucha comida, porque esa comida está en los supermercados y nosotros no tenemos acceso a esa comida. Sigamos adelante, tengamos fe que la vamos a lograr porque tenemos recursos, ganas, fuerzas, una ideología de producción para todos, de producción ecológica, estamos cuidando nuestra tierra, el medio ambiente, del que somos parte, y si seguimos destruyéndolo, el ser humano es el primero que va a desaparecer”.
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